- La comunidad formada por optometristas andaluces y respaldada por su Colegio Oficial manifiesta que esta incorporación supondría beneficios para la salud visual de la población.
- Informan que se podrían reducir los costos y demoras hasta un 50% sobre la cantidad de pacientes filtrados a través del optometrista.
- Denuncian que, tras 11 años reconocidos por Ley como profesionales sanitarios, aún no se ha creado su correspondiente categoría profesional en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Los optometristas andaluces, a través de la iniciativa ‘Somos Optometristas’, respaldada e impulsada por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA), reclaman a la Administración la creación de la categoría profesional de óptico-optometrista como personal estatutario del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). A través de su web www.somosoptometristas.com y de sus redes sociales (Facebook y Twitter) han movilizado a todo el colectivo con el fin de que “la administración pública dé el paso que llevan solicitando durante años”, explica Blanca Fernández, portavoz de ‘Somos optometristas’ y presidenta del COOOA.
Según los optometristas andaluces, la inclusión como personal estatutario del óptico-optometrista dentro del SSPA, en colaboración con los servicios de Oftalmología, puede mejorar el resultado funcional de la visión de un paciente, además de reducir el costo de la atención especializada. “El optometrista es un profesional con formación superior, capacitado para responder a problemas y alteraciones de salud visual, que puede además detectar patologías de salud ocular y canalizarlos coherentemente hacia los niveles de complejidad superiores”, explica Fernández. En este sentido, “utilizar para el nivel primario de atención a profesionales capacitados para otros niveles superiores significa desaprovechar mano de obra especializada, lo que supone un derroche económico”, añade la portavoz.
Desde ‘Somos Optometristas’ insisten en que ya existen estudios que demuestran que la Optometría es una profesión de atención de nivel 1 (en el que se encuentra la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad o la incapacidad), de costo tolerable para la administración, alta aceptación social y resultados sanitarios muy positivos. En este sentido, alegan que la asistencia prestada en consultas especializadas tiene unos costes muy elevados, en comparación con las consultas de atención primaria.
El análisis de coste-eficacia de una consulta primaria de Optometría, en concreto de triaje-screening, previa al servicio de Oftalmología manifiesta que se podrían reducir los costos y las demoras hasta un 50% sobre la cantidad de pacientes filtrados. El porcentaje de pacientes susceptible de ser atendido en la consulta de triaje es del 41,01%, de los que el 24,76% necesitan atención posterior por parte del oftalmólogo. Esto significa que la capacidad de filtro es de un 30,85% del total de pacientes, a la vez que disminuye la presión asistencial y mejora la imagen pública del servicio.
Listas de espera
Según fuentes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, la especialidad de Oftalmología, aún estando dentro del plazo máximo de respuesta que prevé el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, es de las consultas que mayor retraso asistencial acumula en los últimos años. “Y si nos centramos en datos de centros hospitalarios concretos de gran afluencia, según la provincia, los datos son mucho más pesimistas, acumulando retrasos de atención de hasta 55 días”, explica Fernández.
La portavoz añade que “al impedir la incorporación del optometrista al sistema sanitario en el nivel primario, se están desatendiendo las necesidades en el segundo y tercer nivel, debido a las largas listas de espera que se generan”.
Categoría sanitaria reconocida desde 2003
La Ley Orgánica estatal 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoció la categoría sanitaria del óptico-optometrista. Desde entonces, comunidades autónomas como País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares ya han incorporado a este profesional como personal estatutario en la sanidad pública, mientras Cantabria y Aragón están en proceso. “Sin embargo, Andalucía, once años después, ni siquiera ha creado su correspondiente categoría profesional dentro del SSPA, mientras hospitales y clínicas privadas ya cuentan con optometristas en sus consultas oftalmológicas y han demostrado los beneficios que esto supone para la salud del paciente”, argumenta Blanca Fernández.
“El Óptico-Optometrista incorporado al sistema público de salud se encargaría de analizar, prevenir y detectar las disfunciones visuales, discriminando las patologías y derivaría al paciente, solo en caso necesario, al especialista, de tal forma que se reducirían las listas de espera de sanidad andaluza y se reducirían los costes de servicio, además de encargarse del manejo de instrumentos ópticos de medida y diagnóstico clínico e interpretación de sus resultados, información y asesoramiento sobre las ayudas ópticas disponibles y todas las pruebas previas y posteriores a diversos procedimientos quirúrgicos, fundamentalmente la cirugía refractiva y la cirugía de cataratas”, concluye Fernández.
